Argentina – El debate sobre la Ley de Semillas: un debate político

Mediante la presente declaración queremos hacerles llegar elementos para el análisis de la modificación de la Ley de Semillas que nos parecen fundamentales para el abordaje desde la Comisión que ahora tiene el desafío de trabajar sobre los proyectos de modificación de la Ley de Semillas vigente.Mediante la presente declaración queremos hacerles llegar elementos para el análisis de la modificación de la Ley de Semillas que nos parecen fundamentales para el abordaje desde la Comisión que ahora tiene el desafío de trabajar sobre los proyectos de modificación de la Ley de Semillas vigente.

En primer lugar queremos expresar que nuestra Multisectorial se opone a la realización de modificaciones a la Ley vigente en las condiciones actuales y a partir del análisis que compartimos en este documento.

En segundo lugar y sustentados en todos ellos, las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, asambleas y movimientos sociales que trabajamos en conjunto en su realización, nucleados en esta Multisectorial, exhortamos a este Congreso de la Nación a cumplir con el artículo 20 de la Ley General de Ambiente (N° 25.675) que obliga a las autoridades a “institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, así como también a cumplimentar el artículo 169 de la Organización Internacional de Trabajo (ratificado en el marco de la Constitución Nacional) a generar consultas previas a los Pueblos Originarios con el fin de participar a la sociedad y sus organizaciones en esta decisión en la que están en juego intereses fundamentales de nuestro país.

Los ejes centrales de nuestro análisis son:

1) Es inaceptable que intereses de corporaciones multinacionales presionen a nuestro país para la modificación de su legislación en semillas, siendo la base misma de nuestra principal actividad económica y material fundamental para la sustentabilidad de la producción alimentaria. Las presiones que se han hecho públicas y que han llevado a nuestro país a litigios nacionales e internacionales con empresas como Monsanto lesionan nuestra Soberanía y deben ser rechazadas. En otros países donde las multinacionales han logrado imponer sus intereses en materia de semillas, se ha lesionado seriamente los derechos de los productores.

2) La diversidad genética de todos los cultivos conocidos ha sido el producto de un trabajo milenario de nuestros pueblos. El avance de los derechos de propiedad intelectual sobre plantas (Convenio UPOV) no han demostrado haber contribuido al aumento de esta diversidad sino todo lo contrario, la mayor pérdida de diversidad genética agrícola se ha producido luego de la implementación de este tipo de lógica de apropiación privada del trabajo colectivo histórico que los pueblos han realizado. Nuestros legisladores deben tener presente que según la FAO en los últimos 60 años se ha perdido el 75% de la biodiversidad agrícola a causa del avance de la agricultura industrial.

3) La erosión genética y la pérdida de diversidad productiva son procesos de manifiesta gravedad que dieron lugar a convenios y tratados internacionales (Convenio de Biodiversidad, Tratado TIRFAA de la FAO, etc.) y que sumados a los procesos de Cambio Climático y modificación de los usos del suelo, ponen en gran riesgo la capacidad de adaptación y estabilidad de nuestros sistemas agroalimentarios mundiales. Todos los conocimientos actuales necesitan la biodiversidad como base para el mejoramiento y se sabe que la verdadera diversidad biológica es la que se encuentra in-situ, adaptada al ambiente en constante transformación.

4) No hay demostración fehaciente de que el desarrollo y la innovación tecnológica, dependan de la garantía de retornos económicos por parte de las empresas. La mayor parte de las experiencias de mejoramiento se realizan in-situ por parte de los agricultores y en la producción de conocimiento público (en nuestro caso Universidades Públicas Nacionales e instituciones técnico-científicas estales como CONICET, INTA e INTI). La necesidad del pago de la innovación por fuera del costo de adquisición de las semillas no tiene ningún sustento real y no garantiza la investigación y desarrollo.

La monopolización del sector semillero constituye una lesión inaceptable a nuestros intereses como Nación y en este contexto ceder otra parte de la renta agraria al sector predominante no hará más que empeorar la situación y nos continuará llevando a la dependencia en materia productiva (económico-financiera y alimentaria).

5) La única vía real de independencia en materia de semillas es el fortalecimiento de la investigación pública y la aplicación de medidas de resguardo y fomento de las comunidades y los agricultores que realizan día a día el mejoramiento de nuestras variedades. Sin agricultores y sin familias campesinas indígenas en el territorio no habrá diversidad y mejoramiento, es un hecho que los mayores sitios de diversidad natural y productiva son aquellos bajo esquemas de producción a pequeña y mediana escala, ya sea de producción familiar, colectiva o cooperativa. El rol de nuestro Estado debe ser la promoción y protección de este sector y establecer los controles debidos para evitar la biopiratería y no la preservación de los intereses económicos corporativos .

7) Las semillas son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria. Por lo tanto, es claro que quien controla la semilla tiene la capacidad de incidir o controlar la entera cadena de la producción de alimentos y de determinar los resultados de cualquier política agrícola y alimentaria. Esto repercutirá en la posibilidad de acceso, calidad y precios que los consumidores deberán pagar por los alimentos y por lo tanto en la posibilidad concreta de enfrentar el hambre que hoy padecen millones de argentinos.

8) La Seguridad y la Soberanía Alimentaria requieren de políticas activas de fomento y no de persecución, todo avance de esta lógica de apropiación y extirpación de los derechos de los agricultores a la resiembra de su cosecha, aún con excepciones de los pequeños y medianos productores, es un retroceso en derechos adquiridos y pone en riesgo la base fundamental de nuestra Soberanía Alimentaria.

9) En el presente son claras las repercusiones negativas que el control corporativo de nuestra agricultura está teniendo sobre las economías regionales, los ecosistemas y las poblaciones rurales. Avanzar con una Ley de Semillas que incremente aún más el poder de estos sectores no hará más que profundizar estos impactos.

10) Sabemos que la modificación de la ley de semillas es un paso de aseguramiento previo para ir por el establecimiento legal del patentamiento de las plantas. Pero sepan Señores Legisladores que el objeto de esa segunda pretensión legislativa que mencionamos, sustentada en el reclamo de las corporaciones biotecnológicas – como Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow Chemicals, entre otras – por el cobro (absolutamente indebido) de regalías en razón de los órganos vegetales genéticamente modificados, ya ha recibido reproches en la justicia argentina por considerar que la actual prohibición de patentar las plantas es plenamente constitucional y respeta las pautas del art 27 del ADPIC, mas allá de advertir que la técnica de alterar el genoma de una planta además de representar un riesgo de daño grave e irreparable para la salud humana y la biodiversidad, no es materia inventiva humana. Ese reproche judicial hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es defendido por mas de 80 organizaciones de Argentina y del mundo.

18 noviembre 2016

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