Argentina: Análisis sobre la ley de Semillas de Monsanto-Bayer de Macri en el Congreso

El proyecto, que busca aumentar las ganancias de los grandes grupos económicos, también prevé un control policial a productores y criminaliza a los opositores del modelo de agronegocio transgénico.

Por Colectivo para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del Paralelo 42

El proyecto de modificación de la Ley Nacional de Semillas que recientemente logró estado parlamentario, busca aumentar las ganancias, facilitar y agilizar los agronegocios para los grandes grupos económicos, cerealeras, semilleras y transnacionales de los transgénicos y agrotóxicos. Al mismo tiempo prevee un control policial de los productores, sus productos y sus cosechas y, a su vez, limitar y criminalizar la protesta social en contra del modelo del agronegocio transgénico.

Durante el mes pasado el gobierno nacional de Macri presentó, con la firma del ministro Buryaile, la propuesta de modificación de la ley de semillas 20.247. Con esta nueva ley el actual INASE (Instituto Nacional de Semillas), pasará a ser un organismo con poder policial (similar al SENASA) con el objeto de controlar todas las plantas del país y sus semillas. Esto le permitirá un acceso liberado a cualquier campo, o producto de la cosecha, producto elaborado o cultivo del país en cualquier momento, para controlar si el productor pagó efectivamente por los derechos de uso de su material genético. Ahora, según la modificación propuesta incluirá la propiedad intelectual, tanto sea de un evento transgénico como de una variedad no transgénica desarrollada por métodos tradicionales de fitomejoramiento. Si un productor agropecuario no cumple con la ley sembrando semilla guardada del año anterior, el INASE exigirá los derechos de uso de ese material genético, denominándose a las regalías de los mismos como “propiedad intelectual”. Así, solo mediante la firma de un funcionario del INASE, el estado podrá entrar sin orden judicial a los campos para verificar si los productores y campesinos están en regla. Los pagos de derechos de propiedad intelectual invocados son por las semillas o por las plantas utilizadas en los cultivos que fueran originados por las semillas (u otras formas de propagación) que estarían, virtualmente, “patentadas”. El INASE podrá poner multas millonarias y, mediante las fuerzas de seguridad (gendarmería, ejército, fuerzas policiales tanto federales como provinciales), podrá decomisar las semillas y/o destruir las plantas, incautar cosechas y hasta clausurar los campos. Esta reforma de la ley se acerca mucho a las exigencias de los tratados de libre comercio que, por ejemplo, suscribió Colombia con EEUU lo que, luego de los decomisos de semillas a campesinos, provocó en 2013 un paro nacional agrario histórico en ese país.

Asimismo, sería posible que los “pulpos obtentores” como Bayer-Monsanto, Syngenta o Pioneer obtengan plantas o semillas de cualquier tipo, tanto sean nativas, criollas o incluso ya liberadas de variedades antiguas que hoy no presentan derechos de propiedad intelectual. Ese material genético podría modificarse y así volver a registrarse lo que en los hechos sería un “patentamiento encubierto” de la biodiversidad, tanto agrícola como biológica.

En la nueva ley, el derecho de propiedad intelectual y sus beneficios económicos no deja de tener vigencia si un usuario regala o entrega, bajo cualquier concepto, semillas “patentadas”, o sea, con cualquier derecho de propiedad intelectual incluido (eventos transgénicos o variedades registradas). El realizar una donación o cualquier transacción entre agricultores, práctica recurrente entre los pequeños chacareros, no impide el cobro de estos derechos por parte de los obtentores (dueños de la propiedad intelectual o de la patente de los transgénicos).

De lo anterior se desprende entonces que, del total del precio de la semilla, una parte importante es derechos de propiedad intelectual tanto derechos de obtentor como derechos de patente de los transgenes. Este precio debe figurar discriminado en el comprobante de venta o en la etiqueta de la bolsa de manera que si el productor-comprador reserva semilla de su propia cosecha manteniendo la superficie sembrada, debe pagar este costo por tres años. Si, luego de la primera cosecha, obtiene para uso propio una cantidad mayor de semillas que le permitiría sembrar más hectáreas de las que le corresponderían a las semillas que originalmente compró, deberá pagar indefinidamente ese costo (derechos de obtentor y derechos de patente por portación de transgenes).

Quedarían exceptuados, según se entiende, los pueblos originarios y Agricultores Familiares registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Los pequeños productores quedan exceptuados si su facturación es menor a 3 facturaciones anuales máximas de monotributo de máxima categoría. Esto deja las puertas abiertas a que, por una simple resolución de la AFIP, se eliminen las categorías más altas de monotributo, o se impida la actividad agropecuaria a las categorías más altas, lo cual podría incluir en la obligación de pago a la totalidad de los agricultores.

Sin embargo, la amenaza más importante para el agronegocio transgénico capitalista parecen ser las campañas de denuncia permanente de las organizaciones políticas, de pueblos originarios, ambientalistas y campesinas. Es evidente que, para combatir la conflictividad social, el gobierno de las multinacionales no tiene más propuestas que más represión ya que (según el nuevo artículo 39) “quien ejerza publicidad, propaganda o insinuaciones en contra de características reales o supuestas de las semillas” (por ejemplo la inestabilidad y peligros de incorporación de de los eventos transgénicos a nuestro ADN, o los riesgos para la salud del agronegocio) podrá ser penalizado por el INASE con una multa de hasta 1.000.000 de unidades de sanción ($1 = 1 URS) a pagar sin juicio intermedio. También puede haber decomisos, clausuras y un largo etc. de sanciones.

De esta manera, luego de disfrutar de más de dos décadas de grandes e ininterrumpidos negocios, la voracidad de la ganancia del capital concentrado parece no tener límites. Mientras en varias partes del mundo se prohíbe el cultivo de transgénicos, en el país de Macri se abre aún más la puerta a la acumulación capitalista, con un modelo agrícola de más exclusión campesina, fumigación, cáncer, enfermedades y muerte que se pretende hacer, paradójicamente, patentando la vida. Las organizaciones de la multisectorial lucharemos abiertamente contra este robo a nuestra biodiversidad.

* El Colectivo para la soberanía alimentaria de la Comarca Andina del Paralelo 42 forma parte de la Multisectorial contra la ley Monsanto de semillas.

Fuente: La izquierda diario

9 noviembre 2016

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